Los jefes comunales recibieron el apoyo del diputado Felipe Solá y líder gremial de los Camioneros, Hugo Moyano.
Frente a la crisis desatada por la fuerte suba del dólar, intendentes bonaerenses encabezados por el presidente del PJ provincial y jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez, se reunieron y elaboraron un documento en el que piden al Gobierno que declare la “emergencia alimentaria y sanitaria”.
En el encuentro que se realizó en el distrito de Merlo, varios intendentes propusieron hacer un “aporte” frente a la “crisis provocada por el duro golpe que el mercado financiero le está propinando al Gobierno” y que podría generar “hiperinflación y desabastecimiento”.
El pedido al presidente Mauricio Macri es con el fin de “asegurar el acceso a los alimentos, los medicamentos e insumos hospitalarios de primera necesidad” y poner en marcha una “red nacional de solidaridad, garantizando la participación de todos los niveles de Gobierno e incluyendo a todos actores de la comunidad como iglesias, sindicatos, clubes de barrio y organizaciones de la comunidad, entre otros”.
Del encuentro no sólo participaron el intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, y sus pares de Ituzaingó, Alberto Descalzo; de Escobar, Ariel Sujarchuk; de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; de Avellaneda, Jorge Ferraresi; y de Navarro, Santiago Maggiotti; sino que también contó con la presencia del diputado nacional Fernando Espinoza en representación de La Matanza el diputado y precandidato presidencial Felipe Solá y el líder gremial de los Camioneros, Hugo Moyano.
Además, en el escrito pidieron, “retrotraer las tarifas de los servicios públicos al 1 de diciembre de 2017 de acuerdo con la ley 27.743 sancionada por el Congreso Nacional y vetada por el señor presidente Mauricio Macri” y que se declare la “emergencia laboral” y crear “un régimen especial tarifario para pequeñas y medianas empresas, cooperativas y pequeños comercios, fundamentalmente para asegurar la actividad y el empleo”, así como “reflotar la Ley Antidespidos” aprobada por la oposición en 2016 y vetada por el Gobierno.
